Municipios están en mora de actualizar sus POT

Hoy, el 90 % de los municipios de Cundinamarca se rigen por planes de ordenamiento territorial formulados hace 14 años, lo que impacta en la degradación ambiental y el desorden urbanístico que muchos pueblos padecen.

Solo 10 de los 95 municipios que deben hacer la revisión de sus planes de ordenamiento territorial (POT) han empezado un proceso de concertación con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), que debe evaluar que sus propuestas no afecten los recursos naturales.

Actualmente, Sutatausa, Cota, Chiquinquirá, Tabio, Tausa, Tena, San Bernardo y El Rosal están corrigiendo los ajustes solicitados por la CAR. En el caso de Chía ya se desistió del proceso de revisión, porque luego de dos meses no presentó las correcciones propuestas por la CAR, y el proyecto de Soacha se devolvió, porque no cumplía con los requisitos jurídicos para su evaluación.

De no revisar la forma cómo están organizados los municipios, continuarán vigentes los planes formulados hacia el año 2000, cuando se construyó la primera generación de POT, que se deben actualizar, de acuerdo con la Ley 338 de 1997, luego de tres periodos administrativos.

“Los municipios están en mora de actualizarse con las normas de hoy para que no haya más impacto negativo en los suelos y los recursos hídricos”, asegura Roberto González, funcionario de la CAR, quien evalúa los POT.

Tenjo y Cajicá son los únicos municipios que llegaron a una concertación con la CAR para continuar con el proceso de aprobación de sus planes, primero en el consejo territorial y luego con los concejos municipales.

Tener estas nuevas normas urbanísticas permitiría, por ejemplo, enfrentar los impactos de la suburbanización, la contaminación y la llegada de múltiples licencias de construcción e industria a municipios aledaños a Bogotá.

En el caso de Cajicá, la administración municipal avanzó en la revisión del POT, por la presión urbanística e industrial de nuevas licencias de proyectos que quieren llegar a su territorio.“Necesitamos garantizar que a pesar del crecimiento, vamos a ofrecer los servicios públicos y limitar las construcciones que excedan los cinco pisos”, asegura Mauricio Bejarano, alcalde del municipio.

Zonas de riesgo

Como Cajicá, en el 2011 muchos municipios comenzaron a estudiar sus planes, pero en el 2012 la Ley 1523 les exigió contar con estudios de suelo a una escala muy detallada para identificar las zonas de amenazas.

Este nivel de detalle implica estudios de un costo elevado para municipios de bajos presupuestos. Aunque determinar el valor de estos análisis depende del tamaño del territorio y sus condiciones geográficas, en promedio destinar cerca de 200 millones para este fin no es una opción para pueblos pequeños.

Pero también sería irresponsable para la CAR aceptar propuestas de ordenamiento que no conocieran en detalle cuáles son las zonas de riesgo, teniendo en cuenta, por ejemplo, que uno de los errores más comunes (ver recuadro) en las iniciativas municipales, es que los alcaldes proponen proyectos de viviendas en áreas inestables. La CAR y la Gobernación destinaron 7.900 millones de pesos para financiar estos estudios en 33 municipios.

Las errores más comunes en los POT

En la revisión que les da la Corporación Autónoma Regional a los POT se encuentra que los errores más comunes de los municipios son: desconocer las normativas nacionales, permitir usos en zonas de rondas, presentar propuestas de viviendas en zonas de riesgo, concentrar usos industriales en zonas de alto potencial agrícola y no contar con personal técnico para que los POT no se conviertan en planes de desarrollo de las alcaldías de turno.

Tomado de el tiempo.com

4 octubre, 2014