Embargan bienes de 9 concejales implicados en ‘carrusel’ de contratos

La Fiscalía General de la Nación informó este lunes que ordenó el embargo con fines de extinción a los bienes de nueve concejales y exconcejales de Bogotá investigados por el ‘carrusel’ de contratos en la capital.

Los bienes están avaluados en 40.000 millones de pesos e incluyen apartamentos, casas, fincas, parqueaderos, vehículos y establecimientos comerciales.

El vicefiscal general, Jorge Fernando Perdomo, detalló que los vinculados en la decisión son los concejales Javier Palacio, Fernando López, Ómar Mejía Báez y Julio César Acosta, y los exconcejales Jorge Ernesto Salamanca, José Fernando Rojas, Rafael Escrucería, Orlando Parada y Édgar Torrado.

La Fiscalía aseguró que por el momento se ordenó el embargo para que los concejales no puedan vender los bienes y más adelante vendrá el proceso de extinción de dominio.

El vicefiscal Perdomono aseguró que “todos los bienes están en Colombia y se siguen rastreando más propiedades”.

La Fiscalía ordenó la ocupación de los bienes para que los enredados en el escándalo de corrupción con contratos en la ciudad no se queden con los recursos que habrían logrado a través de pagos de coimas.

En los procesos penales que están ya ante los jueces, los investigados han devuelto una mínima parte de la plata y algunas negociaciones ante la justicia se han caído porque se ha cuestionado que los acusados no han entregado el dinero apropiado. Según fuentes, el desfalco por el ‘carrusel’ durante la alcaldía de Samuel Moreno suma un billón de pesos.

El abogado Enrique Cardona, que representa a la Contraloría en el caso contra el cuestionado contratista Julio Gómez, se opone a que se le conceda una rebaja de hasta la mitad de la pena por aceptar los cargos, entre otras porque Gómez devolvió solo 297 millones de pesos al Distrito y faltan 1.453 millones de pesos que los Nule le entregaron.

La investigación ha resultado tan compleja, que entre tres fiscales se repartió una lista que en total tiene 25 personas que tendrán que demostrar de dónde salió la plata con la que compraron sus bienes.

Fuentes de la Fiscalía señalaron que en las primeras diligencias se ha detectado que los investigados tienen pocos bienes a su nombre y se ordenó ampliar la búsqueda a las finanzas de familiares y posibles testaferros.

Esos casos avanzan paralelamente a las investigaciones penales y sin tener en cuenta si negociaron con la Fiscalía como es el caso de los Nule. A ellos ya les ocuparon bienes por más de 7.000 millones de pesos que pasarían a manos del Estado si no demuestran cómo los compraron.

6 septiembre, 2014